La Diabetes es considerada una epidemia que en Argentina afecta a 3 millones de personas

 

Buenos Aires, 21 de julio de 2017

Por Georgina Britos y Stefanía Sonntag

 

Día a día aumentan los reclamos que recibe la Liga Argentina de Protección al Diabético (LAPDI) y la Federación Argentina de Diabetes (FAD), con respecto a personas que se quejan de que sus Obras Sociales no les cubren al 100% los medicamentos para el correcto tratamiento de su enfermedad.

Omint S.A. es una de las Obras sociales que recibe más reclamos por incumplimientos de la Ley Nacional de Diabetes   n° 23.753 con respecto al incumplimiento de la cobertura total de los medicamentos y reactivos de diagnóstico para autocontrol de los pacientes con diabetes y en cantidades necesarias según prescripción médica.

María Teresa Falabella, miembro de la Comisión Directiva de Diabetes, que a su vez, es diabética hace más de veinte años, fue testigo del arduo proceso que hay que pasar cuando una Obra Social no cumple con lo mencionado en la Ley. Un camino de casi un año, que comenzó con la queja ante el Centro de Atención al Cliente, siguió con una carta de su médica María Lidia Ruiz Morosini, donde explicaba por qué María Teresa necesitaba la cobertura total de una nueva insulina, llamada Tresiba y terminó en una carta de amparo, asesorada por su abogada Romina Gali, donde finalmente intervino la Superintendencia.

La pregunta entonces es ¿por qué se trata de un “arduo proceso” hacer que las entidades del sector de Salud cumplan con su deber y sean reguladas como corresponde?

 

Sylvia Brunoldi, presidenta de LAPDI, no puede asegurar un número exacto de la cantidad de pacientes que se acercan a la Liga para preguntar cómo accionar frente a esta misma problemática, pero sí afirma que son muchos y que según sus condiciones físicas y salariales el proceso puede durar más o menos que otros.

Según la abogada de estas entidades previamente mencionadas, Romina Gali, las Obras Sociales y Prepagas más recurrentes a recibir quejas son Omint S.A. de Servicios, Osde, Galeno Argentina S.A., Swiss Medical S.A., Accord Salud, Osecac, Pami, Ioma, Obra Social de la Unión del Personal Civil de la Nación y en menor medida, Osplad, Obra Social del Poder Judicial, O.S.U.O.M.R.A. y Obra Social del Personal de la Construcción.

 

Cabe destacar que la Ley Nacional de Diabetes, en su artículo número 5, define “la Autoridad de Aplicación de la presente ley establecerá Normas de Provisión de Medicamentos e Insumos, las que deberán ser revisadas y actualizadas como mínimo cada 2 (dos) años, a fin de poder incluir en la cobertura los avances farmacológicos y tecnológicos, que resulten de aplicación en la terapia de la diabetes y promuevan una mejora en la calidad de vida de los pacientes diabéticos". Sin embargo, en la actualidad esto parecería no tener efecto.

La Superintendencia de Servicios de Salud es el ente de regulación y control de los actores del sector, y tienen por objeto, asegurar el cumplimiento de las políticas del área para la promoción, preservación y recuperación de la salud de la población y la efectiva realización del derecho a gozar las prestaciones de salud establecidas en la legislación vigente. Es decir, la entidad es la encargada de intervenir en caso de que se denuncie que una Obra Social o Prepaga, no esté cumpliendo en lo que respecta a la Ley.

Entre los valores de la Superintendencia tal cual figuran en su sitio web institucional, destacan “la transparencia en la implementación de las políticas de gestión, facilitando y promoviendo el conocimiento público y el libre acceso a toda aquella información inherente a la Superintendencia de Servicios de Salud y  la sensibilidad para recibir, comprender y resolver con celeridad, las demandas de los usuarios del Sistema”. No obstante, para reclamar o pedir información, la respuesta es que el paciente debe comunicarse con la entidad a través de una nota formal solicitando la información necesaria.

En base al proceso de denuncia por incumplimiento, un testimonio anónimo de Atención al Cliente de una de las sucursales de Omint en Capital Federal, especificaba que "Omint debería cubrirle cualquier medicamento al paciente que lo requiera y así lo hacemos. No importa el plan que tenga el afiliado, tenemos como responsabilidad cubrir todo lo que la ley indica. En lo único que varía la calidad del servicio que ofrecemos es en la rapidez y hotelería que se le proporcione al cliente, según el plan que tenga". En caso de que un paciente necesite determinado medicamento, debe presentar una nota fundamentada por su médico clínico de cabecera, donde explique los motivos del cambio.

Finalmente agregaba que “muchas veces se demora la solicitud, porque sospechamos de convenios entre los médicos y las empresas que brindan medicamentos y que no se trate realmente de una necesidad del paciente”. La Superintendencia es quien da la respuesta definitiva ante el reclamo del afiliado si se recurre a una denuncia judicial, carta de amparo o carta documento y ahí debemos cumplir con lo que dicho organismo dice”.

Ante la preocupación por la mejora de esta situación, María Lidia Ruiz Morosini, médica diabetóloga e integrante de la Sociedad Argentina de Diabetes (SAD), señala que “la diabetes es considerada una epidemia ya que en Argentina afecta a entre 2,5 y 3 millones de personas y por eso es importante concientizar a la gente sobre la enfermedad. En Argentina, la diabetes tiene una carga importante ya que en 2009, fue la séptima causa de muerte con una tasa de mortalidad de 19,2 por cada 100.000 habitantes”. A lo que a su vez, la SAD estipula que el pronóstico es altamente preocupante dado que, si la tendencia se mantiene, en 2030 habrá casi 30 millones de enfermos más, lo que supone un salto del 50% en menos de 20 años.

Ángeles Castañeda tiene 25 años y es de Entre Ríos. Es una joven líder de la International Diabetes Federation (IDF), pertenece a la Federación Argentina de Diabetes y también a la Asociación Concordiense de Ayuda al Diabético. Su Prepaga, no le reconoció el tratamiento que necesitaba con el argumento de que, la paciente contaba con un “buen control metabólico”. Esto no era cierto porque Ángeles no contaba con un buen control metabólico. El reclamo lo habían hecho, su oftalmóloga, la psicóloga y dos endocrinólogas. La obra social le proveyó una bomba de insulina que no era la adecuada y decidió presentar una carta personal para reclamar lo que le correspondía; eso no funcionó, le fue denegado, luego hizo, una carta documento que tampoco fue aceptada. Finalmente recurrió a una abogada y presentó una intimación que tampoco aceptaron. Sin rendirse, culminó con un  recurso de amparo que fue enviado a la Obra Social. Luego de dos meses de un tratamiento inadecuado ella obtuvo solo por aquel recurso de amparo, el tratamiento que necesitaba.  Ángeles argumenta que se sintió discriminada, y que al principio tenía miedo de que la obra social le hiciera problemas a sus padres, también integrantes de la misma mutual.

Según el procedimiento que se lleve a cabo para conseguir los medicamentos o tratamientos necesarios para el tratamiento de la Diabetes, pareciera ser distinta la respuesta de las Obras Sociales y aún hay muchos pacientes que siguen sin obtener respuesta.

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